El alcalde del Distrito de Chao, Provincia de Virú, en la región La libertad, Ney Gámez Espinoza, fue condenado a 12 años de prisión efectiva por los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos.
Según la SUNAT Gámez evadió el pago de impuestos entre el 2003 y 2005, por lo que fue sentenciado por el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Gámez, quien ocultó sus ingresos en el período 2003 y 2005 y declaró a la Sunat que no registraba actividades comerciales, consignando “cero” en sus declaraciones mensuales, cuando en realidad percibía diversas ganancias por sus negocios de venta de maíz, alquiler de maquinaria y comisionista por venta de páprika.
Para el caso de la comercialización de maíz emitía notas de ventas a sus eventuales clientes y no los comprobantes de pago respectivos, evadiendo el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) por más de un millón, cien mil soles.
Una modalidad similar utilizaba cuando alquilaba sus maquinarias agrícolas (tractores), por los cuales sólo firmaba un contrato simple, que no tenía ninguna validez comercial y declaraba que no tenía ingresos en el mes a pesar de que tales servicios se cancelaban con depósitos a sus cuentas corrientes personales.
Tampoco declaró los ingresos que percibía como comisionista por la venta de páprika, que le generaba ganancias del cinco por ciento del total del monto comercializado. Como en los casos anteriores, no emitía ningún comprobante de pago o documento que consigne tales actividades.
Sin embargo, tales actividades fueron puestas en evidencia en el 2007, luego de que la SUNAT detectó un patrimonio no justificado en sus cuentas bancarias que, como es evidente, no guardaba relación con los ingresos e impuestos que declaraba mensualmente.
Tras las investigaciones la Corte Superior de Justicia de La Libertad corroboró que Gámez ocultó el total de sus ingresos en las declaraciones juradas mensuales de IGV e Impuesto a la Renta (IR), ocasionando una pérdida al Estado de casi tres millones y medio de soles.
La sentencia dispuso que el condenado tendrá que pagar una reparación civil que asciende a tres millones 500 mil soles en favor del Estado por los impuestos no cancelados y la suma de 50,000 soles por el delito de lavado de activos.
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